El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado, con el respaldo de 28 de los 32 concejales presentes, la modificación definitiva de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Valencia CF y las fichas urbanísticas para la construcción del Nou Mestalla. Esta medida busca garantizar la viabilidad del proyecto y equilibrar las necesidades del club con los intereses de la comunidad.
La propuesta fue apoyada por los grupos del Partido Popular, Compromís y PSPV-PSOE, mientras que Vox votó en contra. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, destacó la importancia de este consenso al afirmar que la decisión mira por el interés general de la ciudad y de los valencianos por encima de cualquier otro interés. Giner resaltó que el respaldo mayoritario otorga «rigor, consenso y seguridad jurídica» a la iniciativa, que considera fundamental para fortalecer la posición de la ciudad.
El acuerdo incluye la realización de una auditoría externa del coste del estadio y establece estrictas condiciones para el cumplimiento de las obligaciones del club. Si el Valencia CF no cumple, se invalidará el plan de actuación estratégica, eliminando las plusvalías urbanísticas y restaurando la ordenación anterior.
La oposición ha planteado críticas. La portavoz de Compromís, Papi Robles, cuestionó la operación de 2005 y destacó que la auditoría futura será crucial para garantizar la transparencia. Borja Sanjuán del PSPV-PSOE lamentó que la iniciativa llegara en «tiempo de descuento», pidiendo que los derechos urbanísticos estén condicionados a un depósito de fianza. Por su parte, Juanma Badenas de Vox justificó su voto en contra, criticando la falta de presión tras la pérdida de la sede del Mundial 2030.
Giner concluyó que el acuerdo asegura que el Valencia CF no tendrá libertad total a partir del 3 de agosto, imponiendo penalizaciones severas y exigiendo el cumplimiento de compromisos con Benicalap. Además, se implementarán medidas como la cubierta fotovoltaica, un aforo de 70.000 espectadores y la protección de restos arqueológicos.
