El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2025, presentado el 9 de febrero de 2026 en el Palacio Ducal de Gandia por Cáritas Diocesana de Valencia en colaboración con Cáritas Interparroquial de Gandia, revela que una de cada cinco familias (aproximadamente el 20-21,5 % de la población) vive en exclusión social en la región. El estudio destaca que el 48,3 % de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza, y que el 10,5 % de las personas ocupadas están en situación de exclusión social. Estos datos reflejan un agravamiento de la precariedad pese a la recuperación económica tras crisis anteriores.

El informe, elaborado por la Fundación FOESSA con la participación de 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, forma parte del proyecto estatal IX Informe FOESSA 2025, basado en encuestas a más de 12 000 hogares en España.

Los resultados indican que las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 persisten, dejando a un sector importante de la población sin recuperación plena casi dos décadas después. Comparado con 2018, ha disminuido el número de familias en condiciones de estabilidad y aumentado las que viven al límite de la precariedad.

En el ámbito de la vivienda, alrededor de 1,2 millones de personas enfrentan dificultades. Entre ellas destacan un millón de hogares incapaces de afrontar gastos imprevistos, más de 450 000 que no mantienen una temperatura adecuada en el hogar, más de 38 500 sin sistema de evacuación de aguas residuales y más de 19 000 sin agua caliente. El precio del alquiler se ha duplicado entre 2015 y 2024, lo que reduce los recursos disponibles para otras necesidades esenciales y empuja a muchas familias a situaciones cercanas a la pobreza. Para numerosas familias acompañadas por Cáritas, el alquiler de una habitación se ha convertido en una solución permanente en lugar de transitoria.

Respecto al empleo, la recuperación no mejora las condiciones de vida de los trabajadores. La encuesta EINSFOESSA, aplicada a 603 familias en la región, señala que 126 000 hogares tienen a todos sus miembros activos en desempleo. Además, 120 000 personas ocupan empleos precarios o de exclusión, como venta ambulante, a domicilio, peones agrícolas temporeros o empleadas del hogar no cualificadas. El sector servicios, dominante en la economía valenciana (especialmente turismo y hostelería), genera empleo rápido pero también lo destruye con facilidad.

La exclusión social afecta de forma más intensa a hogares con sustentadora principal mujer, sin estudios, en busca de empleo o de nacionalidad extranjera, así como a aquellos con menores, en pobreza severa, monoparentales o sin ingresos. El 45,4 % de las personas de nacionalidad extranjera en la Comunitat se encuentran en exclusión. Factores como hogares grandes (cinco o más miembros), presencia de un único progenitor y condición extranjera incrementan el riesgo.

Las redes sociofamiliares resultan clave para la inclusión: donde son frágiles o inexistentes, la exclusión se agrava. En la región, 149 000 hogares carecen de relaciones y apoyo en situaciones de enfermedad o dificultad, lo que duplica el riesgo de aislamiento social.

El informe describe un modelo social agotado que genera desigualdad, precariedad y fractura, consumiendo recursos humanos y naturales más rápido de lo que se regeneran. Propone un cambio de paradigma hacia una sociedad centrada en el cuidado, la interdependencia, la justicia social y ecológica, con políticas públicas integrales que aborden estructuralmente la vivienda, el empleo, la protección social y la fiscalidad, junto a una sociedad civil activa.

María Moscardó Bolinches, referente FOESSA del Informe Comunitat Valenciana, explicó que «cada vez son menos las familias que logran mantenerse a salvo de la precariedad: con respecto a 2018, disminuyen las familias que viven en condiciones de estabilidad y aumentan las familias que viven al límite», y añadió que «el 48,3% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza».

El informe concluye que «seguir con las mismas políticas y valores nos conduce al colapso social y ecológico», e invita a elegir entre el camino del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, o un cambio valiente hacia el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida.