El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este lunes 22 de diciembre de 2025, en sesión ordinaria, elevar a la Generalitat Valenciana la propuesta de cambio del topónimo oficial de la ciudad por la doble denominación Valencia / Valéncia. La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno formado por PP y Vox, contó con los votos a favor de estos grupos y el rechazo unánime de la oposición (Compromís y PSPV-PSOE). El objetivo es reconocer la forma bilingüe en castellano y valenciano (con tilde cerrada en la versión valenciana), trámite que ahora pasa a la Generalitat, órgano competente para aprobar los nombres oficiales de los municipios de la Comunitat Valenciana.
El expediente ya había superado la fase de comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes el pasado 16 de diciembre y había incluido un periodo de información pública con 1.045 alegaciones recibidas. El proceso se ha tramitado siguiendo el Decreto 69/2017, que regula los cambios de denominación municipal.
Durante el debate, el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno (PP), defendió la legalidad del procedimiento y minimizó el peso de las alegaciones, al representar menos del 0,1 % de la población de la ciudad (más de 840.000 habitantes). Moreno subrayó que la propuesta cuenta con fundamentos jurídicos claros y un informe particular, sin contravenir el reglamento del uso del valenciano ni oponerse directamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Recordó que los informes de la AVL pueden revisarse, como ocurrió en casos como el de Énova, donde se modificó el acento para ajustarse mejor a la pronunciación histórica local.
Por su parte, la concejala del Grupo Socialista, Maite Ibáñez, criticó que la modificación responde únicamente a motivos políticos y partidistas, sin rigor ni respeto hacia la AVL como órgano competente en toponimia. Destacó las más de mil alegaciones recibidas y señaló que el expediente incumple la Ley 39/2015 al no incluir un informe justificativo de la AVL, sino de un particular, además de carecer de estudio de impacto económico. Ibáñez calificó la iniciativa como “la sumisión cutre de la señora Catalá a Vox”.
El concejal de Compromís, Pere Fuset, calificó el debate como la sexta ocasión en que se pierde tiempo y dinero con este asunto, insistiendo en que la AVL ya resolvió la cuestión hace años como único órgano competente y estatutario. Para Fuset, se trata de una cortina de humo para evitar hablar de problemas reales como el transporte público, los precios de la vivienda o la gestión municipal, y acusó al equipo de gobierno de batir récords de sectarismo al ceder siempre a las demandas de Vox.
