El Ayuntamiento de València ha cerrado la primera fase de los Presupuestos Participativos 2025/2026 con un récord de propuestas ciudadanas presentadas, alcanzando un total de 2.777 proyectos. Esta cifra supone un aumento del 77,2 % respecto a la convocatoria anterior, con 1.210 iniciativas más. La tercera tenienta de alcalde y concejala delegada de Participación y Acción Vecinal y Pedanías, Julia Climent, ha calificado esta fase de “éxito rotundo” y ha destacado el alto nivel de implicación de la población valenciana.
De estas propuestas, 2.655 fueron presentadas por personas físicas y 122 por grupos de trabajo de las Juntas Municipales. Siete proyectos fueron descartados por no cumplir con los requisitos establecidos, que incluyen viabilidad técnica, coherencia con las normativas municipales y respeto a valores democráticos. El proceso busca fortalecer la participación democrática y la relación directa entre la administración local y la ciudadanía.
Más participación y equidad territorial
Desde el 1 y hasta el 22 de junio, se encuentra activa la segunda fase, en la que los vecinos pueden apoyar hasta cinco propuestas a través de la web municipal. Para que una propuesta pase a la validación técnica, debe contar con un mínimo de 30 apoyos en los distritos urbanos y 15 en las pedanías. Esta medida busca asegurar una representación equilibrada entre las distintas zonas del municipio y favorecer la equidad territorial.
Impulso a la participación ciudadana
Julia Climent ha señalado que el consistorio ha realizado un esfuerzo especial en la difusión y accesibilidad del proceso, con especial atención a la presencia en barrios, distritos y pedanías. Esto ha permitido aumentar la participación y consolidar VLCParticipa como una herramienta clave de democracia local, fomentando la implicación ciudadana para construir una València más inclusiva y comprometida con la mejora colectiva.
Requisitos y criterios para los proyectos
Las iniciativas presentadas deben ser competencia municipal, claras, viables técnica y económicamente, y respetar la legislación vigente. Además, deben estar alineadas con los usos funcionales de los equipamientos y no contravenir derechos ni valores democráticos. Estas condiciones garantizan que los proyectos propuestos puedan desarrollarse y contribuir al bienestar de la comunidad.
